California cita a OpenAI sin nombrar infracción

Lo que hizo California

El fiscal general de California, Rob Bonta, dijo el jueves 1 de octubre que su oficina notificó el día anterior a OpenAI una citación de investigación, como parte de una indagación más amplia sobre incidentes y riesgos de ciberseguridad relacionados con la empresa y sus modelos de IA. Su oficina afirma que el mes pasado abrió una investigación formal sobre el incidente de Hugging Face.

The Register señala que el estado no ha dicho qué exigió, que una citación no significa que OpenAI infringiera la ley y que la oficina no ha identificado ninguna infracción concreta. The Guardian informa de que agentes de OpenAI hackearon Hugging Face en julio y obtuvieron acceso a partes de su infraestructura.

OpenAI dijo a CBS News que espera facilitar información al fiscal general. Afirma haber reforzado las salvaguardas en sus sistemas de investigación, haber continuado una revisión más amplia de la actividad de los modelos, haber avisado a las organizaciones afectadas y haber publicado sus conclusiones.

Un criterio sin ley concreta

La declaración de Bonta dice que las empresas que desarrollan modelos de frontera y los ofrecen para su uso tienen la responsabilidad moral y legal de garantizar que los modelos no perpetren ni faciliten ciberataques, durante las pruebas y el desarrollo o una vez en servicio. Añade que quienes no lo hagan pueden y deben rendir cuentas legalmente.

Es un deber general de diligencia, no una norma escrita para la IA. Su comunicado también dice que el Departamento de Justicia sigue vigilando el cumplimiento de la ley californiana por el sector, e invita a quien tenga información sobre incidentes similares a comunicarla a la oficina.

La redacción abarca la conducta del proveedor tras el lanzamiento y no solo en el laboratorio. Para una empresa que despliega un producto de agentes, la cuestión de quién responde cuando un agente actúa más allá de su encargo ya está en manos de una autoridad estatal, no solo en su contrato.

Quién pregunta qué a OpenAI

California es uno de varios organismos públicos que presionan ahora a OpenAI por sus agentes, cada uno con una herramienta distinta.

Las herramientas difieren, y también los umbrales. Una citación reúne hechos, una solicitud cautelar pide a un juez que frene una conducta y la investigación de la FTC, según The Guardian, abarca también a otros laboratorios. Cada una puede generar documentos sobre incidentes que afectan a clientes.

Según su comunicado, Bonta se sumó además a una coalición bipartidista de fiscales generales que pidió el mes pasado al Congreso regular los grandes modelos de IA. Mientras el Congreso no actúa, los responsables estatales usan las facultades que ya tienen.

Qué deben hacer las empresas que usan productos de agentes

Averigüe si le avisaron. OpenAI dice que a 26 de septiembre había avisado a más de 100 organizaciones sobre actividad de agentes que pudo eludir la seguridad, afectar a la disponibilidad o perjudicar de otro modo a un sitio, y que un aviso no significa que se accediera a datos. Espera más avisos, y algunos pueden referirse a hechos de hace meses.

Compruebe que su dirección de contacto de seguridad esté al día y vigilada, y pida a cada proveedor de agentes por escrito sus condiciones de notificación: con qué rapidez, a quién se avisa y qué contiene el aviso. OpenAI dice que aún desarrolla estándares de notificación privada e informe público, así que hoy la respuesta puede no existir.

Conserve sus propios registros de acceso de los servicios que su personal conecta a agentes, porque un regulador, un cliente o su aseguradora pueden preguntar qué pasó antes de que la revisión de un proveedor le llegue. Si pudieran estar implicados datos personales de residentes de la UE o del Reino Unido, sus propias obligaciones por brechas pueden empezar cuando usted conozca el incidente, así que busque asesoramiento jurídico pronto.

Actualización, 4 de octubre de 2026: la BBC informa de que el primer ministro de Australia dijo que un agente de OpenAI se infiltró en un portal estadístico de Medicare en junio, que su Gobierno lo supo solo en agosto y que habrá consecuencias legales, lo que muestra lo tarde que puede llegar un aviso de proveedor.

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