Lo que Nuevo México pidió al juez
El jueves 1 de octubre de 2026, el Departamento de Justicia de Nuevo México pidió al juez Francis Mathew, en Santa Fe, que ordene a Meta pagar entre 35.000 y 40.000 millones de dólares en sanciones civiles por mentir a sus usuarios durante más de una década sobre cómo trataba sus datos personales. El caso se presentó en 2021 y sigue al escándalo de Cambridge Analytica, según el Santa Fe New Mexican.
| Posición | Importe |
|---|---|
| Techo legal según el recuento del jurado | 219.000 millones de dólares |
| Petición de Nuevo México | 35.000 a 40.000 millones de dólares |
| Tope propuesto por Meta | 3.450 millones de dólares |
| Caso anterior de 2026 sobre menores, sanciones del jurado | 375 millones de dólares |
| Caso anterior de 2026 sobre menores, reparación del daño | 567 millones de dólares |
El techo viene del jurado. Las infracciones de la Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México pueden costar hasta 5.000 dólares cada una, y el jurado halló 26 declaraciones engañosas a lo largo de 11 años y unos 43 millones de infracciones. La abogada Randi McGinn pidió al tribunal aplicar el máximo por infracción y luego usar su discreción para reducir el total a 35.000-40.000 millones, conforme al debido proceso y a los límites de las multas excesivas.
McGinn dijo que la cifra serviría de disuasión para cualquier gran empresa que mienta a los habitantes de Nuevo México, y Engadget la cita pidiendo que el tribunal hable a Meta en el único idioma que entiende, el dinero y su cotización. También pidió intereses anteriores y posteriores a la sentencia, que seguirían corriendo durante una apelación.
Cómo se defiende Meta de la cifra
El abogado de Meta, Matthew Nicholson, calificó una condena así de surrealista, chocante para la conciencia, inconstitucional y groseramente desproporcionada respecto al daño del caso. Sostuvo que la ley existe para promover mercados justos y que decenas de miles de millones en sanciones disuadirían a las empresas y las expulsarían del estado.
Nicholson propuso una multa menor por infracción aplicada a menos infracciones. Señaló que el jurado fijó el número en algunas categorías multiplicando por los residentes de Nuevo México, mientras que, dijo, la sanción debería aplicarse solo a los usuarios reales de Facebook en el estado.
Engadget informa de que Meta pidió limitar las sanciones a 3.450 millones, alegando que el estado no pudo probar que ningún residente fuera realmente engañado. Pluribus News recoge el mismo tope. Frente a 35.000-40.000 millones, la brecha es de unas diez a doce veces, cálculo nuestro a partir de las dos cifras.
Tercera victoria judicial en un solo año
La audiencia de sanciones sigue a dos resultados previos del estado este año. El Santa Fe New Mexican dice que Nuevo México fue el primer estado en ganar un juicio contra una gran red social cuando un jurado halló que Meta expuso a menores a depredadores sexuales y engañó a los consumidores sobre los riesgos.
En aquel caso anterior, presentado en 2023, un jurado ordenó 375 millones en sanciones y el juez Bryan Biedscheid ordenó otros 567 millones para reparar el daño tras concluir que las plataformas de Meta contribuyeron a una crisis de salud mental juvenil. Los tres casos se basan en la misma ley estatal de protección del consumidor.
El juez Mathew no resolvió. Amplió el plazo de los escritos hasta el martes y dijo que pretende tener algo para las partes dos semanas después, lo que Engadget resume como una decisión a finales de este mes. El fiscal general Raul Torrez dijo en una rueda de prensa que el veredicto podría suponer en teoría unos 219.000 millones.
Qué significa para la responsabilidad de las plataformas
El caso convierte las declaraciones públicas de una empresa en la unidad de responsabilidad. Veintiséis declaraciones a lo largo de 11 años produjeron 43 millones de infracciones porque el recuento sigue a la audiencia, así que la exposición crece con el alcance y no con el daño probado. Es justo lo que Meta discute.
Toda empresa que haga promesas públicas sobre privacidad, seguridad o tratamiento de datos a consumidores de EE. UU. debería leer su página de privacidad, sus anuncios y sus textos de ayuda como posible prueba bajo leyes estatales de consumo con sanciones por infracción. El control práctico es la exactitud y un registro de quién aprobó cada afirmación.
Ninguno de los informes compara esto con la normativa de la UE o del Reino Unido, así que no trazamos ese paralelismo. La decisión esperada en pocas semanas mostrará si un tribunal acepta un multiplicador por residentes y dónde lo recortan los límites constitucionales. McGinn dice que la cifra resistiría una apelación y Meta la considera inconstitucional, de modo que una apelación es el siguiente paso probable.
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